Buscan avanzar en la recuperación de activos provenientes de hechos de corrupción

Las acciones para recuperar activos y reparar los daños sufridos por el Estado -como consecuencia de actividades ilícitas- se sustentarán en pocos días más en la recopilación de “información completa, veraz y confiable”, orientada a litigar con éxito en los juicios que están en curso o por iniciarse.

Fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación precisaron que a fines de este mes vence el plazo para que los servicios jurídicos de los distintos organismos y entes estatales actualicen los datos sobre la naturaleza, el monto, la estimación del resultado probable y las características de los juicios en los que el Estado nacional, sus organismos y entidades son parte.

La Procuración fijó el 26 de diciembre pasado un plazo de 60 días corridos para que los responsables de los servicios jurídicos de las diferentes áreas del Estado, vuelquen esa información en el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (Sigej).

El procurador Carlos Francisco Balbín dispuso esa medida luego de comprobar que, en varios casos, la información obrante en el Sigej no reunía los requisitos impuestos legalmente, por lo que no resultaba confiable.

A esa conclusión se arribó tras los informes de “Auditorías por Grupo de Juicios” y “Auditorías de Revisión”, y luego de las actuaciones administrativas elaboradas entre fines de 2015 y el año 2016.

La Procuración ordenó en los últimos meses una serie de medidas tendientes a corregir las falencias de las que daba cuenta el Sistema Informático, y que obstaculizan el objetivo prioritario de transparentar la existencia y cuantía de los juicios que afectan al Estado Nacional y a sus entes.

Concretamente, se llevó a cabo un significativo número de auditorías; se implementó el Observatorio de la Litigiosidad, que comprobó el dispar cumplimiento, por parte de los servicios jurídicos, del mandato legal de mantener la información actualizada; y se realizaron inspecciones que en varios casos dieron lugar a apercibimientos ante los errores detectados.

En el caso específico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) la sospecha generada por una descarga masiva de juicios realizada por el servicio jurídico respectivo durante 2015, habilitó una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

El aporte de la Procuración del Tesoro, señalan los funcionarios, tiene el propósito de procurar el retorno de fondos públicos y de combatir la impunidad, en línea con los cambios que se impulsan en el Congreso Nacional.

En junio pasado la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de creación del Régimen de Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes, que fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del último período legislativo.

“La extinción de dominio -dice el proyecto- es una consecuencia jurídica patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna”.

El procurador Balbín, adicionalmente, adoptó la semana pasada otra decisión con miras a potenciar los mecanismos legales vigentes, al crear el Registro de Procesos Penales relativos a Delitos contra la Administración Pública, como subsistema integrante del Sigej.

En el organismo justificaron esta medida a fin de desarrollar “una política activa orientada a detectar, cautelar, identificar y decomisar bienes y fondos provenientes de los delitos y fenómenos criminales, especialmente aquellos vinculados con la criminalidad compleja y el crimen organizado”.

La administración pública centralizada y descentralizada -evalúa la Procuración- cuenta con la posibilidad de instar acciones y medidas resarcitorias, sin perjuicio de las atribuciones propias de los jueces y del Ministerio Público Fiscal en lo que concierne a la traba de medidas cautelares y, en su caso, decomiso de bienes en el marco de los procesos penales.