Los costos del crimen en la Argentina y América Latina

Un informe del Banco Interamericano analizó los costos del delito y la violencia en 17 países.

“El tamaño de los costos relacionados con el crimen en ALC es similar al que gastan estos países anualmente en infraestructura y es aproximadamente equivalente al ingreso del 30% más pobre de la población”. A esta conclusión llegaron especialistas del Banco Interamericano en un informe que se publicó hoy.

Para este trabajo, titulado “Los Costos del Crimen y de la Violencia Nueva. Evidencia y Hallazgos en América Latina y el Caribe”, los investigadores utilizaron un enfoque sistemático para medir el costo del crimen en 17 países de la región, incluyendo a la Argentina.

-¿Por qué es importante medir los costos del crimen?:

Laura Jaitman, investigadora a cargo del estudio, destacó la importancia del mismo dado que es el primer estudio riguroso y sistemático en 17 países de América Latina y el Caribe. Asimismo resaltó que los hallazgos del estudio muestran a los gobiernos de la región la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos si se reduce el alto costo del crimen. Para ello es imperioso implementar políticas efectivas de prevención y control del delito.

Claramente el crimen y el miedo al crimen genera muchas distorsiones que son costosas. Nosotros cambiamos nuestras rutinas, gastamos en protegernos, los gobiernos alteran la asignación de sus recursos, las firmas alteran sus decisiones de inversión.

Según destaca el informe, “las estimaciones de los costos del crimen son útiles para visualizar el problema, identificar áreas para mejorar la asignación de recursos privados y públicos, y diseñar mejores políticas de prevención del delito y control del crimen”.

América Latina y el Caribe (ALC) sigue siendo la región más violenta del planeta. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado que el crimen y la violencia en la región se encuentran en niveles epidémicos. En ella habita el 9% de la población mundial, pero se registra cerca del tercio de los homicidios de todo el mundo. Seis de cada diez robos en la región involucran violencia y el 90% de los asesinatos no son resueltos”, señala la investigación. Además, “sus prisiones se han convertido en las más abarrotadas del mundo”.

-¿Qué se mide?:

Existen varios enfoques para medir los costos del crimen. Entre ellos, el más utilizado es el método contable, que es el que se aplicó de manera sistemática en esta investigación. Para esto, dividieron los costos de la delincuencia en tres partes:

El costo social, que incluye los costos de la victimización en términos de la pérdida de la calidad de vida por homicidios y otros delitos violentos y los ingresos no percibidos de la población penitenciaria.

El gasto privado en seguridad por empresas y hogares, que incluye el gasto de las empresas y los hogares en la prevención de la delincuencia, es decir, el gasto en servicios de seguridad.

El gasto público, que incluye el gasto público en el sistema judicial, los servicios policiales y la administración de prisiones.

La conclusión del informe detalla que “las estimaciones de los costos totales revelan que el delito les cuesta a los países de ALC, en promedio, 3,55% del PBI. Esto equivale, para la región, a un monto de US$170.000 millones (a tipo de cambio de 2014)”.

“El tamaño de los costos relacionados con el crimen en ALC es similar al que gastan estos países en infraestructura y equivalente al ingreso del 30% más pobre de la población”, señala el estudio. “El costo del crimen en ALC es el doble que en los países desarrollados”, detalla Laura Jaitman.

La investigación también advierte sobre los altos costos asociados a las elevadas tasas de encarcelamiento de América Latina. “Para el período 2010-2014, la región gastó 6.500 millones de dólares al año para mantener y construir prisiones. Además, las personas encarceladas renuncian a un ingreso adicional de 7.300 millones de dólares anuales. Los dos números juntos representan el 0,39 por ciento del PIB, más que las transferencias monetarias condicionales para los pobres de la región”.

El estudio también señala que los países que gastan más en prisiones no necesariamente obtienen los beneficios de menos violencia. “Las Bahamas y El Salvador, por ejemplo, gastan grandes sumas (en términos de PIB) en sus sistemas penitenciarios, pero sufren altos índices de criminalidad. Argentina y Uruguay, por otro lado, tienen costos de encarcelamiento mucho menores y menores índices de delincuencia”.

Los especialistas consideran que el encarcelamiento “es costoso y no es costo-efectivo para combatir el crimen” en comparación con otras políticas que puede aplicar un Gobierno. “Si no se aplica adecuadamente, las repercusiones en la sociedad a lo largo del tiempo pueden ser aún peores en términos de crimen y violencia”.

Hay dos tipos de costos en el encarcelamiento: el gasto público en administración penitenciaria y el costo social de los ingresos no percibidos de la población carcelaria.

En el mundo hay alrededor de 10,35 millones de personas en prisiones. América del Norte es la región del mundo con la tasa más alta de reclusos. En tanto, el estudio reveló que muchos países de ALC “han experimentado un reciente aumento de la población penitenciaria debido al alto nivel de delincuencia y a la difusión de enfoques de mano dura para combatir la problemática”.

“El hecho de que en la región hayan aumentado tanto la tasa de homicidios como la tasa de encarcelamiento arroja serias dudas sobre el correcto funcionamiento de estos efectos anti-delictuales”, señalan los autores. “Más aún: se observan ciertos factores que favorecen los efectos criminógenos de la cárcel: altas tasas de hacinamiento (la ocupación en promedio casi duplica la disponibilidad de plazas), carencias en los servicios de rehabilitación y reinserción de los privados de libertad, deficiencia en la infraestructura carcelaria para poder analizar el riesgo de los privados de libertad y darles espacios y tratamientos diferenciados, altas tasas de presos sin condena”, agregan.

Con respecto a los costos, el estudio sostiene que “el gasto en la administración del sistema penitenciario de la región casi se ha duplicado, pasando de US$4.318 millones en 2010 a US$7.832 millones en 2014”.

El país con el gasto más bajo es Brasil, con solamente el 0,06% del PIB en gastos de administración de prisiones durante 2010-14. En tanto, el país con el gasto promedio más alto es Barbados, con un 0.47% del PIB. Le siguen Jamaica y Trinidad y Tobago, con el 0,34% y 0,33% del PIB respectivamente.

En cuanto al gasto público en la administración de prisiones (en porcentaje del PIB), en la Argentina es del 0,25%.

El estudio detalla que “el efecto de incapacitación que produce el encarcelamiento no se limita a la actividad delictiva sino que en general incluye también a la actividad productiva”.

“La metodología es simple- explican-: se atribuye a cada persona privada de libertad el ingreso laboral promedio de una persona de su mismo género y edad, información que se obtiene de las encuestas de empleo de cada país”.

Con este análisis, se detecta que “la región ha perdido en promedio más de US$7.000 millones por la inactividad de los encarcelados”. En la Argentina, la pérdida de ingresos por privación de la libertad (en porcentaje del PIB) es del 0,11%.

Los investigadores hacen una mención especial al caso de Chile, el país de ALC con la tasa de homicidios más baja de la región, en donde, sin embargo, las pérdidas de ingresos por encarcelamiento son relativamente altas”.

“Estos números arrojan serios interrogantes sobre la eficacia de la política penitenciaria de varios países de la región. Parece haber espacio, entonces, para pensar reformas que reduzcan simultáneamente los niveles de violencia y el costo del encarcelamiento en numerosos países de ALC”, concluye el informe.

“Cada vez que se produce un homicidio, la consecuencia inmediata es la pérdida irreversible de la vida humana que conlleva. Pero para la sociedad en general también hay un costo económico adicional asociado -la pérdida de la productividad de las víctimas de homicidios”, señala el informe.

Sobre este punto, la investigación reveló que la mayoría de las víctimas de homicidios de la región son hombres jóvenes de entre aproximadamente 15 y 30 años. “Esto significa que las víctimas de homicidios en todos los países provienen del grupo de mayor productividad laboral de la población, el de los jóvenes hombres en edad de trabajar”, explican los especialistas.

“Esto hace que su muerte sea particularmente costosa en general para la sociedad y tenga implicaciones en términos de desarrollo del capital humano y crecimiento a futuro”, señalan.

En términos absolutos, el costo total de los homicidios en la región fue de entre US$9.800 millones y US$11.400 millones por año entre 2010 y 2014, según el informe.

El país con el costo más bajo fue Chile, “con una pérdida promedio del 0,04% del PIB durante 2010-14. El segundo costo más bajo fue estimado para Argentina, con una pérdida promedio del 0,06% del PIB durante el período de análisis, seguido por Perú con una pérdida del 0,07% del PIB durante el mismo período”.

En el otro extremo está Honduras, en donde en 2014 el costo de homicidios fue del 1,62% del PIB, más de cinco veces que el promedio regional. El Salvador es el país con el segundo mayor costo por homicidio, con un récord de 0,94% del PIB en 2014.

“Incluso según una estimación conservadora, se pierden alrededor de US$10.000 millones anualmente en la región debido a los homicidios debería atraer a los principales actores políticos de ALC para hacer efectiva la prevención del crimen como una parte fundamental de su agenda de política”, sostienen.

Fuente: La Nación